Carolina del Norte ha dado un paso audaz hacia Adopción de criptomonedasPosteriormente, el estado se convirtió en el vigésimo del país en explorar la integración de Bitcoin. A través del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 92, conocido como la Ley de Inversiones en Activos Digitales de Carolina del Norte, los funcionarios estatales pretenden revolucionar su estrategia de inversión. Como resultado, el tesorero del estado pronto podría invertir hasta 10% de fondos estatales en Bitcoin y otros activos digitales calificados.
Parámetros de inversión y requisitos de elegibilidad
La nueva legislación establece pautas claras para la inversión. En primer lugar, cualquier criptomoneda que se considere debe mantener una capitalización de mercado de $750 mil millones durante el año pasado. Actualmente, este requisito limita las inversiones elegibles solo a Bitcoin. Además, el proyecto de ley describe específicamente los mecanismos de inversión. Por lo tanto, todas las inversiones en criptomonedas deben realizarse a través de productos regulados cotizados en bolsa.

Fuentes de financiación y marco de gestión
Los funcionarios estatales han identificado múltiples fuentes de financiación para estas inversiones. Principalmente, el dinero provendrá del Fondo General y del Fondo de Carreteras. Además, otros 24 fondos estatales especiales podrían contribuir a esta iniciativa. Para garantizar una gestión adecuada, el proyecto de ley incluye estrictas medidas de supervisión. En consecuencia, los gestores de inversiones externos deben demostrar que controlan al menos 100 millones de T/T en activos. Además, el Gobernador y el Consejo de Estado proporcionarán una supervisión adicional.
Liderazgo y apoyo legislativo
El presidente de la Cámara de Representantes, Destin Hall, lidera la iniciativa de esta innovadora legislación. Junto con los representantes Mark Brody y Steve Ross, Hall ha defendido la introducción del proyecto de ley. Mientras tanto, los expertos de la industria han señalado la importante influencia de Hall. Por ejemplo, Dan Spuller, de la Blockchain Association, considera a Hall uno de los líderes más poderosos de Carolina del Norte.
Contexto nacional e iniciativas estatales
En todo el país, otros estados han lanzado iniciativas similares. Por ejemplo, el proyecto de ley 429 de la Cámara de Representantes de Montana se centra en la creación de una cuenta de ingresos especial para activos digitales. De manera similar, Florida promueve Bitcoin como una cobertura contra la inflación. En cambio, Maryland adopta un enfoque único. Su propuesta financiaría su reserva de Bitcoin mediante sanciones por infracciones de juego.
Enfoques estatales adicionales
Varios estados han desarrollado estrategias distintivas para la integración de las criptomonedas. Por un lado, el proyecto de ley 246 de la Cámara de Representantes de Iowa sugiere un límite conservador de 5% en las asignaciones de fondos públicos. Este límite se aplicaría a las inversiones en Bitcoin, monedas estables y metales preciosos. Por otro lado, el enfoque de Kentucky refleja la propuesta de Carolina del Norte. Su proyecto de ley 376 de la Cámara de Representantes permite hasta 10% de fondos estatales excedentes para inversiones en Bitcoin. Mientras tanto, Utah ha logrado un progreso significativo, y su proyecto de ley avanza hacia la consideración del Senado.
Consideraciones de implementación
La legislación equilibra la innovación con una gestión financiera cuidadosa. En primer lugar, incorpora múltiples niveles de supervisión. En segundo lugar, establece criterios de inversión específicos. Posteriormente, estas medidas garantizan una gestión experimentada de los fondos públicos. Además, el umbral de capitalización de mercado añade otra capa de seguridad para la selección de criptomonedas.
Implicaciones futuras e impacto en el mercado
Esta medida legislativa podría inspirar a otros estados a seguir su ejemplo. Como el vigésimo estado en proponer una legislación de este tipo, Carolina del Norte se suma a un movimiento en crecimiento. En consecuencia, esta iniciativa podría acelerar la adopción institucional de criptomonedas a nivel estatal. Además, podría sentar precedentes importantes para la futura integración de activos digitales en las finanzas públicas.